Dos horas más de jornada y un 3% menos de salario bruto para los funcionarios

Tras más de tres horas de sesión plenaria, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaba ayer, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, la Ley de Medidas Complementarias que permitirá poner en marcha la aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales, que fue impulsado por el Gobierno de María Dolores Cospedal, y que tanto ha dado de qué hablar a lo largo de las últimas semanas.

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, subrayó que es la economía la que ha llevado a esta situación y a tomar medidas para “salvar de la ruina a una región” y poder poner encima de la mesa soluciones, así como también pedía “coherencia” a la oposición ante “unas medidas que la inmensa mayoría de los ciudadanos asumen y entienden”.

Durante la sesión se debatieron las 55 enmiendas del PSOE que quedaron 'vivas’ tras su paso por la Comisión, pero que han quedado todas ellas rechazadas a lo largo del Pleno que se celebró ayer. Previamente, el portavoz del grupo parlamentario popular, Francisco Cañizares, como defensor del dictamen, había presentado la norma como “la única solución para arreglar” las cuentas de la Comunidad Autónoma, que ha obligado al Gobierno de María Dolores Cospedal a “tomar decisiones serias, responsables, pero nada fáciles”. Se mostró el PP, siempre convencido de que las enmiendas del PSOE “no aportan nada” al texto, y de que los funcionarios de la región comprenden los “esfuerzos” que hay ahora que hacer tras 25 años de “gobierno despilfarrador”.

Por otro lado, el portavoz del PSOE, José Luis Martínez Guijarro, pidió a la Junta que predique con el ejemplo “creando empleo desde el sector público” y no sólo desde el privado. Los socialistas, que ofrecieron al PP la retirada del texto a cambio de consensuar, en un “esfuerzo conjunto”, dónde se podrían aplicar recortes en la futura Ley de Presupuestos de la región, definieron el de ayer como un “martes negro” para la región, según explicitó la diputada Matilde Valentín, quien también pidió “respeto para las personas afectadas en el ámbito social, y específicamente para los dependientes, por parte del Ejecutivo autonómico”.

A quien las necesite

En sus distintas intervenciones, y tras solicitar a los socialistas que no aprovechasen el debate para “preparar el Congreso del fin de semana”, el portavoz del PP, Francisco Cañizares, comparó la obra del futuro hospital de Toledo con el pabellón Palma Arena, defendió un cambio en la educación pública, teniendo en cuenta los “malos resultados que ha habido”, y apostó por destinar las “gratuidades” a quien realmente las necesite. También preguntó  si el bienestar social que defiende la oposición es “haber dejado millones de euros en deudas en esa materia”, recomendándoles que “pasen página, porque es éso lo que Castilla-La Mancha se merece”.

Desde la oposición claman “ausencia de consenso” en la creación de esta ley. Pero ya ha visto la luz verde y el Gobierno asegura “que es la solución”.

CLAVES

-Fija un aumento de dos horas y media en la jornada de los funcionarios de la Administración regional, la reducción de su salario bruto (y el de los altos cargos) en un 3 por ciento.

-Anulación de la Oferta de Empleo Público este año.

-Supresión del Servicio Público de Empleo (SEPECAM).

-Eliminación de la obligatoriedad de destinar el 6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a Educación.

-Supresión de las escuelas de los núcleos más pequeños de la región.

-Habrá un cambio en la educación pública, “teniendo en cuenta los malos resultados que ha habido” y se apostará “por destinar las gratuidades a quien realmente las necesite”.

-Entre las enmiendas incorporadas al dictamen por parte del Partido Popular, se encuentra el hecho de que todos los empleados públicos cobren, como mínimo, 1.192 euros al mes.

PP:“Nosotros garantizamos la gratuidad de todos los servicios públicos”

Según la secretaria provincial del PP de Albacete, Cesárea Arnedo, “se trata de garantizar los servicios sociales básicos. Es un plan de ahorro en lo que a gastos suplefluos se refiere y, además, lo que pretendemos es centrarnos en lo que, para nosotros, es fundamental: salvaguardar un sistema público, de calidad, en servicios tales como la Sanidad, la Educación y el Bienestar Social. Hemos de ser conscientes de la realidad  económica que tenemos ahora mismo en Castilla-La Mancha, y que es consecuencia de un comportamiento derrochador del anterior gobierno socialista de la región. Hemos de recordar, igualmente, que nuestra Comunidad es la única en España que tiene prohibido el endeudamiento y somos la única en la que los ojos de la intervención estatal han estado puestos. Nuestra situación es absolutamente dramática. Por ello que vamos a aprobar ese ahorro necesario para la Administración Pública. Además, estoy completamente convencida de que los ciudadanos castellano-manchegos entienden esta serie de medidas que estamos tomando por parte del Gobierno regional, puesto que son conscientes de que no podíamos seguir en un desbarajuste tan grande, y sin control,  en cuanto a gasto público se refiere. Si existe miedo por parte de algunos, ése viene alentado por parte de conductas demagógicas del PSOE. Nosotros garantizamos la gratuidad de todos los servicios públicos”, prometía Arnedo a EL PUEBLO.

PSOE: “Se centra en recortes que afectan a los derechos de los ciudadanos”

El diputado regional del PSOE, Modesto Belinchón, declaró a EL PUEBLO que “es inútil intentar que el PP escuche al resto de grupos políticos, asociaciones, ciudadanos y sindicatos profesionales. Hemos intentado abrir debate en torno a cuatro bloques básicos, que son Sanidad, Educación, Servicios Sociales y todo lo relativo a los derechos de los empleados públicos en Castilla-La Mancha, además de la Ley de acceso a la vivienda, y no han aceptado ninguna de las 55 enmiendas que hemos propuesto desde nuestro partido. Para empezar, hemos de tener en cuenta de que se trata de una Ley que nace sin tener los presupuestos, sin saber dónde se puede recortar. Ésta no es forma de hacer una ley. No se puede centrar únicamente en recortes que afecten a los derechos de los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha. Es lo que hemos intentado transmitir al Gobierno de María Dolores Cospedal, aunque, como siempre, se muestra hermético a todo cuando sea el diálogo y el sentarse a hablar con los ciudadanos, pedirles opinión y que les ayuden a tener ideas que puedan ayudar. Lo que van a hacer llevará a muchos castellano-manchegos, familias de nuestra tierra, a vivir situaciones realmente dramáticas. No podemos renunciar a los derechos que tenemos en Educación, en una Sanidad que tantos años nos ha costado consolidar o a los servicios sociales que, en momentos de crisis, suponen una cobertura necesaria e importante”, argumentó.

IU: Un plan que “dinamita los servicios básicos”

El coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, declaró a EL PUEBLO que “es un plan mal llamado de garantías de servicios sociales, puesto que, precisamente, por lo que destaca es por la desmantelación y el deterioro que está haciendo de los mismos, de los que han estado existiendo, hasta la fecha, en la región. Lo que nadie puede negar es que han estado aplicando recortes y ajustes en los servicios de nuestra Comunidad desde hace meses. Y, sobre todo, el deterioro comenzó con los impagos y el despido de personal que estaba realizando el cumplimiento de estos servicios. En este sentido, negamos la mayor: este plan, en lugar de garantizar estos servicios y derechos básicos de los ciudadanos, los está dinamitando”, aseveraba.

CCOO: “Oculta un cambio de modelo radical”

En contra se manifestaban desde asociaciones sindicales. Fuentes de Comisiones Obreras afirmaban estar “preocupados, en primer lugar, puesto que llaman 'garantía’ a lo que en definitiva es una 'ley de recorte’ que se centra en la línea medular de los derechos esenciales de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Hablar de Educación, de Sanidad, de Servicios Sociales que están prácticamente desapareciendo. Ello se debe, básicamente, al impago por parte de la Junta de Comunidades de la región a los servicios que venían prestando muchas empresas que se dedicaban a la atención de personas mayores, discapacitados, mujeres, etc. Que se dé luz verde, en nuestra opinión, es un gran fracaso. Esperamos que en algún momento decidan rectificar. Si no, estamos convencidos de que los ciudadanos serán quienes les hagan rectificar en las urnas. La crisis no pueden pagarla solo los ciudadanos. Ahora es momento de estar junto a ellos, en lugar de estar en frente, que es donde se ha posicionado el actual Gobierno de Castilla-La Mancha. Es un plan que, en realidad, oculta un cambio de modelo radical, en el que los servicios que eran gratuitos, ahora, su calidad radicará en el pago de los mismos”.