Sin dinero para libros: las bibliotecas públicas, damnificadas por los recortes presupuestarios

La biblioteca pública es una institución básica en la estructura social de cualquier población. Pero estos auténticos templos del saber no son inmunes al virus de la crisis. De hecho, muchos son los problemas que acucian últimamente a las bibliotecas. Pudiera pensarse que entra dentro del campo de la frivolidad reivindicar este servicio público, cuando existen otros, a priori, más necesarios, como la sanidad o la educación, también comprometidos por la maquinaria política de recortes y reestructuraciones, amén de centenares de empresas a las que los organismos oficiales les adeudan pilas de mensualidades. Pero nada más lejos de la realidad, pues es en los tiempos difíciles cuando estos centros resultan más útiles. Porque en las bibliotecas públicas hay, para difundir y compartir, información, entretenimiento, conocimiento, opinión... Al alcance de cualquiera. Y gratis. Una biblioteca pública, pues, es el paradigma de la democracia.

La propia Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en la Orden de 15/12/2011, escribe que “una biblioteca pública en Castilla-La Mancha no es sólo un edificio que alberga una colección debidamente organizada para su uso. Es un conjunto de servicios públicos de información, de formación, fomento de la lectura y de ocio cultural que en la mayor parte de los casos es el principal, y en algunos casos, el único, lugar público de encuentro de nuestras localidades”.

Presupuesto cero

Sin embargo, decíamos al inicio que nuestras bibliotecas no son impermeables a los efectos de la desastrosa coyuntura económica, de ahí que se hayan visto forzadas a adoptar una serie de medidas para, en la medida de lo posible, salvaguardar los muebles.

Un caso más que evidente ha sido el que las ayudas estatales a editoras de revistas culturales para el presente ejercicio de 2012 no hayan sido todavía convocadas. Estas ayudas ascendieron, en el año 2011, a 1,6 millones de euros, que se repartieron entre unas setenta editoras de casi un centenar de cabeceras culturales. Algunas de estas revistas dependen de las subvenciones para poder sobrevivir, según explica una nota de la Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE), que agrupa a la gran mayoría de ellas. La Secretaría de Estado de Cultura dirigió un escrito el pasado mes de enero a editores y bibliotecas, comunicándoles que “no se trata de retirar la subvención a las editoras, sino de un cambio de formato de las ayudas que no podrá canalizarse a través de la compra de suscripciones”.

Esta situación ha sido denunciada, entre otros, por asociaciones como Periodistas en Acción, quienes consideran, en concreto la decisión de no renovar las suscripciones, como “censura”. Según explican en un comunicado “esta medida tiene un grave impacto sobre la sociedad, ya que estas revistas culturales son el reflejo de las asociaciones, movimientos sociales, culturales y de toda índole, y por ello una pieza clave de la estructuración social, de la reflexión, del pensamiento, la cultura, la investigación y la innovación. Pero además, son el reflejo inequívoco de la pluralidad de valores e ideas y, por tanto, de la riqueza democrática”.

Desde Izquierda Unida, la diputada por Madrid Ascensión de las Heras presentó a primeros de febrero en el Congreso una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a “restituir de manera inmediata las ayudas para las suscripciones que las bibliotecas públicas tienen concertadas” con las editoras de revistas. De las Heras argumentó que “desde hace más de 20 años, 800 bibliotecas públicas vienen recibiendo subvenciones del Ministerio de Cultura que les permitían acceder a las suscripciones de casi un centenar revistas culturales”.

En el texto de la iniciativa registrada por IU se constata que “las bibliotecas públicas ya no recibirán las suscripciones pagadas por el Estado” y si quieren seguir contando con las publicaciones “tendrán que pagarlas con fondos propios, cosa que en estos momentos se convierte en tarea harto difícil”. Su cancelación pondría, además, en peligro la continuidad de las colecciones construidas durante mucho tiempo en estos centros públicos, con la consecuente devaluación, y el añadido de que muchos trabajadores del sector cultural “pasarán a engrosar las listas del paro, al hacerse inviable la continuidad de muchas de las editoriales”. La solución podría ser tan sencilla como sustituir las subvenciones a las revistas por subvenciones a las bibliotecas para la adquisición de estas revistas, siempre y cuando haya dinero en las arcas, claro.

En la región

En la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, las asignaciones para la adquisición de fondos y actividades culturales para 2012 se han reducido a cero.

Esto se traduce en que las bibliotecas castellano-manchegas no tienen un euro que gastar, no pueden comprar libros, revistas, música o audiovisuales; aunque se siguen recogiendo las desideratas (sugerencia de compras) el servicio queda temporalmente suspendido; y, es evidente, nada de actividades culturales que supongan coste económico. En la Biblioteca Pública del Estado de Albacete se mantienen las suscripciones a los seis periódicos locales, por el momento. En el tema de personal no ha habido bajas, pero no se cubren las vacantes desde hace más de un año. Durante este tiempo los bibliotecarios se han dedicado a incluir en el catálogo donaciones pendientes, libros que no se habían catalogado en su tiempo y que dormían en los depósitos, a recuperar y mostrar al público el valor de los materiales más añejos de la Biblioteca, y otras tareas por el estilo.

Canon por préstamo

Este conflicto de nuevo cuño se suma a otro problema, que se viene arrastrando desde 1992. Hablamos del pago por el préstamo de libros. La compensación por los derechos de autor no sólo es cosa de SGAE, sino que las bibliotecas españolas se encuentran el ojo del huracán ante la Directiva 2006/115/CE (antes Directiva 92/100/CE), que regula la facultad de las entidades de gestión de derechos de gravar con un canon, 20 céntimos de euro por libro, el préstamo en todas las bibliotecas. En 2007, después de la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que calculó una multa de 110 millones de euros de los de entonces, el Gobierno de la nación creó la Ley del Libro para integrar esta normativa en nuestra legislación.

La responsabilidad recaudatoria de la imposición europea recae en las bibliotecas, no en los usuarios. O mejor dicho, son las instituciones titulares de las bibliotecas quienes deben pagar: es decir, ayuntamientos, gobiernos autonómicos y, en última instancia, el Ministerio.

La realidad es que a día de hoy, en España, nadie paga.

En el primer año de vigencia de la ley (2008) fue el Ministerio de Cultura quien asumió el pago y abonó 1,3 millones de euros por todos los préstamos realizados en el último semestre de 2007. A partir de ahí, y año tras año, la recaudación ha caído en barrena, hasta los 80.745 euros que se han ingresado en 2011. Así las cosas, hasta la principal entidad de gestión de derechos reprográficos en España (Cedro) ha decidido suspender el reparto de dicha cantidad entre los autores porque el coste de la distribución no lo hace eficiente, asegura el organismo.

Un dato que ayuda a hacerse una idea de la situación es que en 2011 las más de 5.000 bibliotecas españolas prestaron cerca de 56 millones de libros, lo que equivaldría a recaudar, y pagar a una entidad privada, 11,2 millones de euros.

En la actual situación de crisis, es impensable que nadie pueda cumplir con el canon. Plataformas y colectivos como noalprestamodepago.org piden la derogación de dicha normativa, bajo la consideración de que las bibliotecas no son entidades comerciales sino instituciones culturales; otras voces señalan que, al final, será el usuario quien pague, si bien esta es una situación tabú a la que, parece, nadie quiere llegar.

Las asociaciones de bibliotecarios señalan que no es el libro electrónico o los nuevos medios digitales quienes ponen en peligro el futuro de las bibliotecas públicas, sino este canon.

“Yo amo las bibliotecas”

El 4 de febrero las bibliotecas públicas españolas y sus usuarios se unieron en un acto simbólico, un abrazo a la Biblioteca Nacional, en una celebración similar al National Libraries Day que realizan las bibliotecas públicas inglesas, bajo el lema “Yo amo las bibliotecas públicas”. Amarlas, y defenderlas, es un deber de toda la ciudadanía, y si necesitan más razones, sólo queda citar al Maestro Jorge Luis Borges: “Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca”.