Despedir será más barato para los empresarios

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunciaba ayer que a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada la indemnización por despido improcedente en el caso de los contratos indefinidos será de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que la del despido procedente será de 20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario. Esto supone condenar a la extinción al contrato indefinido ordinario de 45 días por año trabajado de indemnización por despido improcedente, pues desde la entrada en vigor de la reforma ya no se podrá contratar fijo con esta modalidad, sólo con la de 33 días. Para los trabajadores que ya tengan un contrato indefinido ordinario y sean despedidos de manera improcedente, la indemnización se calculará a 45 días por año hasta la entrada en vigor de la ley y desde esa fecha, a 33 días por año.

El Gobierno ha clarificado en esta reforma, aprobada en forma de Real Decreto-ley, las características para que las empresas puedan acogerse a despidos objetivos por causas económicas (20 días por año trabajado), aunque Báñez ha dejado claro que “habrá control judicial” de las mismas.

Así, se entenderán por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, precisaba Báñez, se entenderá que la disminución es persistente “si se produce durante tres trimestres consecutivos”. Además, la reforma recuperará a partir del 1 de enero de 2013 el límite al encadenamiento de contratos temporales eliminado por el anterior Gobierno, y suprime la autorización laboral administrativa que se requería en los despidos colectivos. Báñez descaba que, dentro de la UE, esta autorización sólo estaba en vigor en España y Grecia, por lo que España es hoy “un poco más europea”.

La reforma laboral “creará empleo y cumplirá las expectativas de millones de parados”

La consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, ha valorado “muy positivamente” la reforma laboral que aprobaba ayer el Consejo de Ministros, porque “va a servir para lo contrario de lo que ha servido la que hizo el Gobierno socialista, que sólo creó paro y destruyó puestos de trabajo”. Aseguraba que tendrá un efecto “absolutamente positivo” para España y para Castilla-La Mancha, porque servirá “para crear empleo, para que el tejido productivo tenga una oportunidad para salir adelante y cumplirá las expectativas de miles, millones de personas que no tienen trabajo. Nos han elegido para hacer una transformación de unos pilares que han fracasado”.

Por otro lado, el portavoz socialista en la Comisión de Empleo del Congreso, Jesús Caldera, calificaba de “decretazo” el Real-Decreto Ley y ha remarcado que “esta norma sólo sirve para incentivar el despido, por lo que no creará empleo”. Respecto a las declaraciones del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en las que afirmaba que la reforma era “agresiva”, el socialista ha señalado que él también lo cree así, puesto que las medidas aprobadas atentan contra los derechos de los trabajadores.

Otro de los que han tomado partido ante el Consejo era el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, aseguraba que la reforma laboral que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy está “bien orientada” y ve muy probable que le cueste una huelga general.

Unas y otras declaraciones que seguirán en la palestra una vez puestas en marcha.